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La Eurocámara aprobó el acuerdo político provisional con el Consejo para retrasar la aplicación de las nuevas normas con 546 votos a favor, 97 en contra y 7 abstenciones.
Los grandes operadores y proveedores tendrán que respetar las obligaciones de la legislación actual a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las microempresas y las pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026. El objetivo es ayudar a firmas de todo el mundo para una aplicación fluida de la normativa desde el comienzo, sin socavar los objetivos de la ley.
A raíz de las demandas del Parlamento, la Comisión se ha comprometido a garantizar que tanto el sistema de información para operadores e intermediarios como la propuesta de clasificación de riesgos de países y regiones estén disponibles lo antes posible, y a más tardar el 30 de junio de 2025. Con una revisión general de la ley prevista para la fecha límite del 30 de junio de 2028, la Comisión analizará medidas adicionales para simplificar y reducir la carga administrativa para las empresas.
17 de diciembre de 2024/ Parlamento Europeo/ Unión europea.
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